Ya comenté hace un tiempo que poco o nada podríamos esperar de esta comisión
de investigación sobre el asunto de la adjudicación fraudulenta de fondos públicos
a través de diversos expedientes de regulación de empleo llevados a cabo por la
administración socialista de la Jnta de Andalucía.
Para los que no lo sepan, el escándalo saltó al descubrirse que en diversos de estos
expedientes, se "colaban" peronas, todas afines al entramado socialista, incluídas en
estos expedientes sin que hubiéran trabajado en las empresas afectadas por los ERE.
Y cobraban cantidades bastante importantes,aunque al día de hoy, que se sepa, no
hay procesado o en prisión ninguno de los beneficiarios falsos, tan solo algunos altos
cargos de la Conserjería de Trabajo de la Junta, como responsable del uso de esos
fondos públicos.
Esto se ha producido gracias al trabajo de la jueza de Sevilla, Mercedes Alaya, que
está instruyendo este caso y que a pesar de la oposición de los socialistas, está poco
a poco tirando de un hilo que puede terminar en las más altas instancias políticas de
la Junta de Andalucía.
Esta comisión no ha nacido del interés por resolver este escándalo, y como pretende
ahora el vicepresidente Diego Valderas, de establecer los mecanisnos que eviten que
esto vuelva a suceder.Miente.
Esta comisión nace gracias a que la dirección de Izquierda Unida ofrece la creación
de esta para contentar a sus bases para ganarse al apoyo de estas para el pacto de
gobierno entre socialistas y comunistas, ya que después de denunciar la corrupción
imperante en la Junta durante la campaña electoral de las últimas elecciones al parla-
mento andaluz, no podían sentarse a la mesa socialista sin más.
El objetivo de socialistas y comunistas es pasar este trámite y redactar a su gusto las
conclusiones (que se aprueban por votación como en el parlamento), más o menos
"light", donde se exculpe a la cúpula socialista que ha dirigido la Junta estos últimos
años, en especial, a Griñan y Chaves, los cuáles no debían saber al parecer lo que
se hacia con sumas importantes de dinero a través de un mecanismo "frudulento" en
algunos casos, y que se realizó por el mismo procedimiento durante bastante tiempo.
Quieren pasar de puntillas por un proceso en el que también participaban sindicatos
e intermediarios, y a los que al parecer les "colaron" a los intrusos en los ERE sin que
nadie se diera cuenta de ello, hasta que el tema llegó a sede judicial.
Curiosamente, siempre los beneficiarios del fraude eran afines al partido socialista, lo
que no hace pensar que el tema pudiera ser fruto de las corruptelas imputables a un
solo alto cargo.Habían más implicados, seguro.
La primera semana de comparesencias se ha saldado con la tomadura de pelo de los
llamados a la comisión, ya que la mayoría, ha declinado responder a ninguna pregunta,
al parecer, por estar imputados judicialmente y seguir el consejo de sus abogados.
O sea, que no han aportado nada de nada, por lo que no sabemos de dónde podrán
sacar las conclusiones que arrojen luz sobre este caso y de cómo se podrán establecer
las medidas que eviten lo sucedido, como pretende Valderas, ya que nadie explica el
método por el que los intrusos eran propuestos, por quién y cómo se falsificaba toda
la documentación que debería acompañar a estos expedientes de regulación de empleo.
Los socialistas con la ayuda de sus socios comunistas pretenden salir airosos de toda
esta podredumbre con la pueril excusa de que las partidas de fondos para estos ERE
eran conocidas por el parlamento andaluz a través de sus partidas presupuestarias y
de todos los partidos políticos, incluido el PP de Andalucía, y que se actuó siempre
dentro de la legalidad.
Pero es que el problemas no es que las partidas fueran conocidas y aprobadas por
los partidos políticos.
El problema es que se metieron sin conocimiento público casi un 5% de estafadores
entre las aproximadamente 6000 personas beneficiarias de los ERE, y queremos
saber quién dió la orden de introducir a los fraudulentos, o más bien quiénes, y por
qué todos los beneficiarios del fraude están vinculados a los socialistas.
Lo que no sea esto no es más que literatura barata y propaganda de gobierno de
socialistas y comunistas.
No espero nada de toda esta historia, al menos en sede parlamentaria.
Espero que la jueza Alaya sea capaz de instruir un caso que cuando llegue a juicio,
mande a la cárcel a todos los implicados en este robo-estafa.
Salud camaradas.