El gasto que no se quiere suprimir

Ahora que los ciudadanos acostumbrados a los servicios públicos "pata negra"
se están encontrando que se los están cambiando por otros "mortadela" cuando
no son directamente suprimidos, estos se quejan y manifiestan contra los recortes
mientras la clase política en general, sea cual sea el mensaje que "venda" a los
cuatro vientos, se niegan en rotundo en acometer la única reforma urgente que la
nación precisa.
Aún siendo altísimos los gastos en sanidad, educación y pensiones, los cuales
se están viendo muy afectados por la austeridad que tenemos que sufrir por los
costes del desmedido endeudamiento del Estado, no es menos cierto que el
coste de las distintas administraciones públicas apenas se toca.
Como ejemplo sangrante tenemos a nuestro incomparable gobierno coaligado
de socialistas y comunistas en Andalucía, que lejos de reducir los gastos en un
peronal muy contaminado de enchufismo, lo aumenta un 17% estos años.
La administración "paralela" de la Junta crece en plena crisis
Mientras dejan de pagar a proveedores, prestadores de servicio sociales y se
dedican a reducir gastos en sanidad y educación echando la culpa a los del PP
que gobiernan la nación, los camaradas de la alianza de izquierdas se dedican
a engordar la llamada administración paralela con amiguetes y recomendados
y alcanzando según estimaciones, ya que la opacidad de las cuentas no permite
más claridad, el número de 30 ó 35.000 colocados.
Solo cuatro entes públicos tienen a más de 10.000 empleados: EGMASA se
va a 5.000, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera a 2.000, la politizada
Canal Sur a 1.600 y la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo
a 1.500, mientras deben casi 50 millones de euros a los centros de atención
de personas mayores y deficientes, poniendo a muchos de estos servicios en
la tesitura de tener que cerrar.
Luego se les llena la boca con no se qué rollo de derechos sociales y ayudas
a los colectivos en riesgo de exclusión, sin mencionar la reciente ley que dado
el fracaso en políticas de empleo, han promulgado para expropiar de forma
temporal las viviendas a bancos e inmobiliarias que vayan a ser objeto de
deshaucio.
Y mientras, los izquierdosos del BOJA, metiendo a interinos "pata negra" y
dejando a la espera a las personas que han aprobado oposiciones.
Protestas contra los enchufes "pata negra" de la Junta
Pero no piensen que la golfada se da solo en el régimen cuasi bolivariano de
los perroflautistas andaluces, está extendida a toda la geografía española de
norte a sur, de unos partidos y de los otros.
En un país que apenas puede sostener la sanidad, la educación y el gasto
en pensiones se debe soportar el coloso administrativo donde pastan los
rebaños de políticos, asesores y enchufados, con su gobierno, parlamento,
senado, gobiernos autonómicos, ayuntamientos, diputaciones y empresas
públicas, etc.
¿Cómo vamos a esperar que los que bien víven de la política acaben con el
chollo, calculado en unas 300.000 personas?
Aquí tienen unos ejemplos de todos el tinglado:
Roberto Sanz Pinacho, del PP, ex director general de Deportes del Ayunta-
miento de Madrid, que dimitió tras ser cogido conduciendo borracho, a los
seis meses lo han recolocado ganando 55.000 euros como empleado de la
empresa municipal Casa de Campo.
O Ignacio Prendes, de UPyD, único parlamentario de este partido en el
gobierno del Principado de Asturias, que cuesta al erario público 237.264
euros y que tiene siete personas contratadas a su cargo.Solo uno de sus
secretarios a media jornada gana más de 27.000 euros al año, casi ná por
media jornada.Un cargo electo, ocho personas enganchadas al presupuesto.
Solo el Defensor del Pueblo del País Vasco, Iñigo Lamarca tiene a 32 cargos
de confianza, ganando más que el presidente del gobierno, 80.730 euros
por 72.000 del presdidente de la Nación.
Sin hablar de los sueldazos que se reparte la "progresía" en la sufrida tierra
andaluza, con un aterrador 37% de parados.
El máximo responsable de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y
Empleo se embolsaba 79.000 euros, 125.000 el Director de Canal Sur y
118.000 el director de Invercaria, investigada judicialmente por irregularidad
presupuestaria, o los 90.000 euros que cobraba un gerente que gestionaba
un hospital almeriense.
Asi que cuando estén indignados por los famosos recortes, sepan que todos
los males de fondo parten del nulo interés de todo el espectro político, sea
de derechas o de izquierdas de acabar con la teta gorda de la que víven el
orate patriota, el progre ecologista y los defensores de la clase obrera.
Y encima parece que todos los movimientos de izquierdas asociados a eso
que se llama 15-M, desde el maoista universitario al ex-juez Garzón, desde
el anarquista de botellón al akupa de las rastas, sin dejar de lado al gurú de
la revolución, Julio Anguita, todos se quieren presentar ahora a las elecciones
para sumarse al carro de parásitos del BOE.
Recuerda, si quieres un país con una sanidad decente, una educación buena
y unas pensiones dignas, deberás exigir que se reforme la administración y se
suprima entre un 60 y un 70% de las instituciones y cargos que hay.
Que no te engañen, pués el dinero que hay, lo malgastan ellos.

Salud camaradas.

La prueba del algodón: Cristina

Lo peor que le podría haber pasado al corrupto establishment español no es que se
viera salpicado por el escándalo de ver como un juez imputaba a una infanta de la
Casa Real en un caso de flagrante corrupción y enriquecimiento desvergonzado de
una trama que amparada en las relaciones con la realeza se lo llevaba muerto.
Lo peor ha sido que tal imputación ha obligado a la casta política dirigente a mover
ficha para a través de su "influencia" en la justicia sacar increíblemente a Cristina de
Borbón de la imputación por parte del juez instructor del caso Noos, y con ello sin
lugar a dudas, certificar el nauseabundo control de los distintos órganos judiciales
por parte de las altas esferas de poder en España.
Pueden leer este artículo, donde destacados juristas denuncian el trato de favor que
se ha dispensado a la hija del Rey:
La infanta Cristina ha tenido "un descarado trato de favor"
En un país cuyas leyes pasan por ser las más permisimas y comprensivas con todo
tipo de delincuencia, este esclarecedor caso demuestra la dificultad que entraña la
lucha contra la corrupción en España, auténtica lacra que asola todos los lugares a
los que llegan las administraciones públicas, sindicatos, partidos políticos y demás
poderes facticos económicos.
Llevo diciendo mucho tiempo, que la única posibilidad de regenerar las instituciones
del país pasa por rescatar a la justicia de las garras de la casta dirigente, reformar
las leyes anticorrupción y castigar duramente los abusos de poder y situación.
Para ello, nada mejor que usar las armas que nos da la participación democrática
a los ciudadanos. o sea, el poder de elección.
Si los ciudadanos pudiéramos elegir a los miembros del poder judicial y a todos
los fiscales jefes, empezando por el Fiscal General del Estado, está claro que los
méritos que los candidatos tendrían que salvaguardar estarían más en la línea de
hacer una justicia más equitativa y que respondiera a los deseos de la sociedad
y no a los intereses de unos pocos.
Este poder y control de la justicia, que no es más que la garantía de impunidad de
los poderosos, no será cedido jamás, esto es, deberá ser arrancado a través de
la acción del pueblo, cuando este decida que la verdadera justicia emana de él y
no de las instituciones.
Este sería el verdadero primer paso hacia una democracia real que devolvería a
las personas el control de las acciones de los gobernantes, evitando que casos
como el de esta infanta Cristina abochornaran y consternaran a la ciudadania.
Si tener una monarquía es para esto, mejor instauramos una república, pero no
con ello solo se acabaría con esta situación.
Se han tenido que hacer "chapúzas" como la doctrina Parot para pasar de lado
y arriesgarnos a que los criminales no paguen sus actos más duramente por no
intriducir en nuestro sistema jurídico la cadena perpetua, como la tienen otros
países de tradición más democrática que el nuestro en Europa.
Tenemos las calles llenas de delincuentes multireincidentes porque si un individuo
te roba 150 euros no es lo mismo que si te roba 450.
Vemos instituciones del estado que incumplen sistemáticamente sentencias sin
que pase absolutamente nada.
Se indultan personas con delitos por los que en otros países estarían años en la
cárcel.
Se puede matar a un ser humano y estar en pocos años en libertad, cuando la
cadena perpetua sería la condena más magnanima y humana.
Ellos dícen que no se puede legislar "en caliente", que no se pueden dejar a
que los arrastre la indignación popular, sin darse cuenta que es la auténtica y
tangible sensación de injusticia lo que indigna a la ciudadanía.
La desimputación de Cristina de Borbón a retratado el verdadero cáncer que
sufre la justicia española: la manipulación.

Salud camaradas.